Desde Carlos Salinas de Gortari se desmanteló la idea de lo que es público y se le dio cabida a lo privado.
El sociólogo Edgar Belmont, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
Desde 1992, el Estado ha pervertido sistemáticamente la idea de lo público para favorecer al sector privado en la generación y comercialización de energía, en detrimento de los intereses de la nación.
Edgar Belmont, doctor en Sociología por la Université d’Evyr Val d’Essonne, califica esto como un desmantelamiento, como una forma de quitarle a propósito el valor al interés general para abrirle las puertas a los grandes capitales.
Estas son sus palabras:
Todo empezó con Salinas
“En 1992 se hizo la primera reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Allí, en esa reforma salinista, se dijo que la participación de privados en la generación de electricidad, sobre todo en la modalidad de autoabastecimiento, generación y productores independientes, no constituía una actividad de interés público y para mí es un absurdo decir que la participación de privados no es de interés general”.
Interés por los grandes capitales
“Lo que observamos desde los años noventa es un proceso de desmantelamiento del sector. Además de esos cambios que se dieron en 1992, hubo cambios en la política, con una política restrictiva; prácticamente todos los proyectos de obras de inversión pasaban por la Secretaría de Hacienda y evidentemente había un interés por favorecer este esquema de simulación. Esto se enmarca en un proyecto de financiación en el que claramente el capital tiene interés en el sector, por las grandes ganancias que se generan”.
La CRE, como ventanilla de permisos
“Esa iniciativa (1992) abrió la puerta a la creación de la Comisión Reguladora de Energía que se encargó de otorgar los permisos en el mercado de generación, es decir, aunque estaba prohibido por la Constitución porque reservaba al Estado toda la cadena productiva se creó un mercado bajo este supuesto de que no constituye del interés público la participación privada”.
La creación de una narrativa de Estado
“Además de este absurdo de decir que no es de interés general la participación privada, en 1999 y 2001 se presentaron diversas iniciativas porque había una fuerte crítica a la participación de privados en el sector, acusando que había una profunda simulación.
“Ahí surgen otros supuestos que también abonan a toda esta indefinición de lo que es lo público porque se dijo en las iniciativas que las misiones de servicio público habían llegado a su fin y que no había razón para que el Estado siguiera prestando el servicio público y eso es un absurdo porque es reducir las misiones del servicio público al acceso, es decir, decían que el 98% tenía acceso al servicio y que con eso se había cubierto la razón del Estado para controlar el sector, pero se perdió de vista o se quería omitir que el servicio público no solamente es garantizar el acceso, sino garantizar la continuidad del servicio, lo que exige un fuerte control sobre la operatividad del sector”.
Fox continúa desmantelando la idea
“Fox, otro absurdo que llego a decir, como les interesaba prácticamente abrir la comercialización, fue que el servicio público iba a estar en manos del Estado y básicamente se entendía por servicio público al servicio doméstico. Hay 40 millones de consumidores domésticos y 500 mil grandes consumidores en el sector industrial, que son los que están interesados en mantener el esquema actual y sobre todo las grandes empresas a las que se les otorgaron esos permisos de generación porque ahí está el mercado”.
Respetar la idea de lo público
“Se ha pervertido la idea de lo público porque, a estas alturas, asumiendo que hay participación privada y que ocuparía el 46% del mercado, es necesario discutir a fondo que tanto la empresa del Estado como los particulares que participan en el sector tienen que respetar las menciones de servicio público, es decir, independientemente CFE o Iberdrola, Unión Fenosa, tienen que sujetarse a un marco común que es el respeto a las menciones del servicio público”.
La responsabilidad en manos del Legislativo
“Los legisladores tienen una gran responsabilidad de darle sentido nuevamente a cuál es el interés general y por qué es necesario que el Estado vigile a todos los sectores y que se garantice la continuidad del servicio en el país. Hay una vieja discusión en este país de quién tiene atribución para administrar el sector energético y el Ejecutivo siempre ha reclamado esa facultad y las empresas se han sujetado más a una política gubernamental. Yo espero que haya un debate amplio de lo que es el interés público, el interés general”.
