Sheinbaum envió una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y homologar el delito de extorsión y sus sanciones.
Claudia Tellez
La presidenta, Claudia Sheinbaum envío a legisladores una iniciativa con reformas al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.
El documento llegó a la Comisión Permanente, pero será remitido a la Cámara de Diputados para el inicio de su proceso legislativo.
Propone dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales para expedir una legislación general que homologue el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.
Con el objeto, indica, de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Señala que se deben articular de forma eficiente y eficaz los recursos del Estado mexicano para el combate estratégico de este delito con investigación e inteligencia, y el uso de herramientas institucionales como investigación y prevención homologadas y estandarizadas.
En su iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, las denuncias presentadas ante fiscalías estatales en 2022, 2023 y 2024 ascendieron a 11 mil 39, 10 mil 950 y 10 mil 804 víctimas, respectivamente.
Incrementaron las extorsiones 57.62% del 20218 al 2025
Señala que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones y en enero de este año, 29.77; un incremento de 57.62 por ciento en solo seis años.
Precisa que el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024.
Y en el primer mes de este año, el Estado de México acumuló el 33.1 por ciento.
Homologar las penas por extorsión
Resalta que es necesario homologar las penas porque en el ámbito federal es de 2 a 8 años de cárcel, en Oaxaca de 1 a 3 años y en Chihuahua de 5 a 30 años, por ejemplo.
Señala que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, pese a ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país.
Con lo cual, indica, se retoma el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que considera a este delito como de alto impacto, por las repercusiones que representa para las víctimas y el Estado mexicano en su conjunto.
Resalta la necesidad de establecer políticas de prevención y mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública que privilegien el uso de tecnologías y sistemas de inteligencia informática para su investigación.
Así como de disponer de mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de extorsión.
Agrega que la expansión y alta incidencia de la extorsión se explica en virtud de que existe una pluralidad de medios comisivos como instrumentos telefónicos, electrónicos y tecnologías que permiten al agresor no tener contacto con las víctimas.
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