En abril del 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la Guardia Nacional era una oportunidad para crear una fuerza policial civil capaz de lidiar con el crimen organizado y celebró la noticia de la entonces próxima publicación de las leyes nacionales de uso de la fuerza y de registro de detenciones.
Pero el despliegue de la Guardia tiene consecuencias en la vida de los migrantes e implica riesgos muy importantes en materia de derechos humanos, que no están siendo observados por esta oficina de la ONU, comentó Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Información relacionada: Entrevista || 34 mil 533 migrantes han muerto entre 2014 y 2019: Missing Migrants.
Información relacionada: Columna || Migración y Guardia Nacional.
