Este miércoles, los diputados votaron a favor el dictamen de esta iniciativa presidencial, aunque hay voces en contra que advierten riesgos.
Claudia Téllez
El pleno de los diputados aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa con reformas a Ley de Hidrocarburos.
La iniciativa es la primera en la materia que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía al Congreso, tras meses de estrategias y normativas impuestas desde el gobierno federal.
Estos son los puntos clave de la iniciativa:
Suspensión de permisos y toma de instalaciones
Entre las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador destaca una que ha despertado el rechazo de empresarios, organizaciones, legisladores y de la Comisión Federal de Competencia Económica: que el Estado tome el control temporal de instalaciones cuyos permisos hayan sido suspendidos ante un inminente peligro para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Para la Cofece, esta medida da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para suspender temporalmente permisos, debido a que la iniciativa no define conceptos, criterios o parámetros para su clara aplicación.
En esa falta de claridad también coincide Nicolás Domínguez Vergara, especialista en materia energética e hidrocarburos y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos y entonces tomar las operaciones de estas compañías, usando hasta los mismos empleados o contratando otros que obviamente serían de Pemex o de la Comisión, tiene bastantes puntos que necesitan una mayor definición. Obviamente en la exposición de motivos sí dicen, por ejemplo, se hace referencia al caso de Texas y que su gobernador que dijo no se le venda gas natural a México, pero aquí lo que dicen es que se prevé un peligro, y pues entonces ¿quién va a definir cuándo viene un peligro?, ¿quién va a decir que existe esa posibilidad o existe una probabilidad?”
De acuerdo con el documento, existen situaciones que podrían poner en riesgo el acceso a la energía y que no son atribuibles a los permisionarios, por lo que es “inadecuado” que el sector privado se haga cargo de ellos. Entre ellas señala la escasez, el desabasto y la interrupción del suministro de hidrocarburos y petrolíferos.
La ocupación de las instalaciones se prolongará por el tiempo que las autoridades lo determinen, sin embargo, los permisionarios podrán solicitar el término de la suspensión cuando demuestren que las causas que la generaron fueron subsanadas, siempre y cuando no incluyan delitos o infracciones relacionadas con combustibles.
Revocación de permisos a despachadores
La estrategia contra el robo de combustibles en gasolineras emprendida por la Procuraduría Federal del Consumidor no ha sido suficiente para erradicar esta conducta, reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa.
En 2020, durante su visita a gasolineras, la Profeco detectó que el robo a través de litros incompletos persiste y para lo cual los concesionarios utilizan programas y dispositivos externos. La práctica de entregar menos combustible de lo que pagan los consumidores también se extiende al mercado de gas en menudeo, con la venta de cilindros que no contienen la cantidad ofrecida.
“Lo bueno es que sí menciona con pesos y centavos cuánto ha perdido el fisco, con pesos y centavos menciona que por ejemplo que esos gasolineros ganan como 34 millones de pesos, nada más porque no dan litros de a litro”.
¿Qué se propone? Para evitar que estas prácticas que afectan la economía de las familias persistan, la iniciativa plantea revocar los permisos a quienes reincidan en incumplir las disposiciones de calidad y cantidad de los combustibles, así como a quienes modifiquen sistemas, ductos o instalaciones.
Revocación de permisos por contrabando
El contrabando de combustibles se ha convertido en una problemática que genera millonarias pérdidas al fisco federal. Tan sólo en 2020, la afectación por este concepto fue de 12 mil millones de pesos, de acuerdo con la iniciativa del presidente.
Para la comisión de este ilícito simplemente se omite el pago de cuotas compensatorias, el llamado contrabando simple.
Sin embargo, las autoridades han detectado un contrabando “técnico”, a través del cual se ingresan al país mercancías subvaluadas. Para ello, los contrabandistas introducen combustibles alterados o etiquetados como lubricante, con lo que evitan pagar hasta 7.15 de los 8.1 pesos de arancel que se aplica a cada litro de combustible.
¿Qué se propone? Las medidas respaldadas por la Comisión Federal de Competencia Económica prevén que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía revoquen permisos a concesionarios que comentan delitos de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, siempre y cuando exista una resolución firme por la autoridad competente.
Almacenamiento mínimo de petrolíferos
Para que empresas comercializadoras y distribuidoras reciban o conserven sus permisos deberán contar con infraestructura que les permita almacenar cuando menos el 50 por ciento del producto.
En caso de que no cuenten con esa capacidad en la terminal que abastece a su mercado, podrán cubrir el porcentaje faltante en otras terminales del país.
Para la Cofece, estos requisitos generarían “un círculo vicioso” entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura. Además, revocar permisos aplicando una normativa posterior representaría una violación a los derechos adquiridos por los particulares.
Cofece se opone a la reforma
Aunque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar la reforma enviada por el presidente, la Cofece exhortó al Congreso a no hacerlo en los términos propuestos.
Al igual que lo advirtieron legisladores de oposición, para Domínguez Vergara la ley correrá la misma suerte que la Ley de la Industria Eléctrica y derivará en impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Entonces los privados se van a quejar y van a decir que no existe competencia porque le están dando prioridad a Pemex y a la Comisión; y entonces, lo más seguro es que se vaya a amparos y que se le detenga, así como pasó con la Ley de la Industria Eléctrica que ya tiene más de 93 suspensiones y por lo tanto no se puede aplicar”.
