Las familias de los 49 menores que murieron en el incendio de la Guardería ABC consideran que la intervención de la CIDH será clave para el acceso a la justicia y la no repetición.
Noticias IMER
A 11 once años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde 49 menores perdieron la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso, por lo que atraerá el caso para un análisis de fondo.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, conformado por las madres y padres de las víctimas, dio a conocer la admisión del caso por parte de la CIDH este 7 de agosto a través de una conferencia de prensa.
Desde que ocurrió la tragedia, las familias de los menores que murieron a causa del incendio emprendieron una lucha para que se hiciera justicia. También han insistido en que los infantes no debieron morir ya que el siniestro no fue imprevisible, sino resultado de fallas estructurales que permiten la entrega de servicios de estancias infantiles a terceros privados sin garantizar que tengan las mínimas condiciones de calidad y seguridad, como se lee en el informe 185/20 de la CIDH.
Para este movimiento ciudadano, el caso de la Guardería ABC muestra que el “sistema convirtió el cuidado de los niños y niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias”.
Este grupo presentó el caso a la CIDH en 2014. Luego de revisar los argumentos y pruebas presentadas, la Corte Interamericana lo declaró admisible el 6 de julio pasado.
¿Qué implica para el caso de la Guardería ABC la admisión de la CIDH?
Una vez aceptado el caso, la CIDH va analizar los hechos para determinar las violaciones a derechos humanos en las que incurrió el Estado mexicano y formulará recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y la no repetición.
Las familias de las víctimas consideran que la intervención de este órgano judicial autónomo será clave para que el Estado atienda todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la niñez. También consideran que impulsaría la aplicación a nivel nacional de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil”, conocida como “Ley 5 de Junio”.,
En el informe 185/20 de ese órgano judicial autónomo se indica que, a más de una década de la tragedia, las autoridades no han esclarecido la verdad ni han sancionado a los responsables.
Otro argumento a favor de las familias es que la entonces Procuraduría General de la República valoró indebidamente las pruebas disponibles para ejercer acción penal contra el exdirector del IMSS, Daniel Karam Toumeh, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Además, hasta la fecha solo hay 19 funcionarios de baja jerarquía en el fuero de federal sancionados por los delitos de homicidio y lesiones culposa, producto de que las investigaciones han intentado minimizar el caso y omitir los factores estructurales que ocasionaron la pérdida de vidas de los menores.
