Desde la dictadura hasta ahora, ese país sudamericano ha enfrentado transformaciones a partir de la participación popular.
La politóloga Carla Vidal Aiach, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
La ruta chilena hasta lograr una democracia participativa viene de varios años atrás. Ya para 1988, en plena dictadura militar, 7.4 millones de personas fueron consultadas en un plebiscito sobre la permanencia de Augusto Pinochet en el poder, que se extendería hasta 1997.
Ganó el “No”, con el 54.71 por ciento, y para el año siguiente se convocó a elecciones democráticas que terminaron con la dictadura en 1990.
La periodista y politóloga Carla Vidal Aiach recuerda este episodio como una competencia entre autoritarismo y democracia y la apertura del camino hacia la distribución del poder y el mandato ciudadano en las urnas.
“Sin duda esta experiencia fue sumamente significativa, pero los plebiscitos, las consultas o los referéndums siempre tienen que estar marcados en el contexto, no podemos olvidar el contexto político que hace que se realicen estas consultas directas a la ciudadanía, en el caso de una democracia como la chilena”.
Para 2020, la población chilena fue convocada nuevamente a un plebiscito. Las protestas debido a la desigualdad social y el aumento a la tarifa del metro en Santiago provocaron un cambio constitucional que reformara además los sistemas de pensiones, salud y educación.
“En definitiva es una pregunta muy simple: si quieren una nueva Constitución. Y los ciudadanos tienen que responder dos opciones: apruebo o rechazo. Esa era la primera papeleta y la segunda da cuenta del tipo de órgano que debía redactar esta Constitución”.
Para Vidal, esto permitió iniciar un proceso de transformación que mejoró el sistema político y le devolvió la confianza a los ciudadanos que en los últimos tiempos habían estado fuertemente afectados por falta de transparencia y actos de corrupción.
En Chile, la discusión popular a través de estos mecanismos de participación no está enfocada en la democracia por sí misma, sino en quienes ejercen la representación.
“Acá el tema está en cómo volver a pensar, cómo se distribuye el poder, la capacidad de decisión que tienen los ciudadanos y las ciudadanas; de alguna manera este mandato que en una democracia representativa entregamos a unos representantes que están con el consentimiento por nosotros es lo que está puesto en duda”.