El abogado Vidulfo Rosales comentó a IMER Noticias que las madres y los padres de los normalistas tienen una sensación de que quedan descobijados en su lucha tras la salida del GIEI.
Georgina Hernández
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, se va de México.
Sin embargo, el caso Ayotzinapa aún no ha sido esclarecido, uno de los compromisos pendientes que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde mayo de 2018, cuando aún era candidato a la presidencia.
Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres de los 43 normalistas, manifestó que deberá haber costos políticos para el gobierno federal porque considera que ha obstaculizado a las y los expertos desde que comenzaron a indagar el Caso Ayotzinapa.
En entrevista para IMER Noticias, el defensor también sostuvo que el GIEI les significó un gran apoyo, ya que con su trabajo dio la esperanza de que tarde o temprano se agrietarían las murallas de impunidad que han impedido conocer la verdad sobre la desaparición de los jóvenes.
“Ya hemos platicado con ellos que, si el GIEI sigue acá y si el gobierno sigue obstaculizando su trabajo, negando acceder a información relevante, creo que debe haber costos políticos para el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá hacer el llamamiento necesario, deberá hacer el pronunciamiento al respecto de lo que implican estos obstáculos que enfrentó el GIEI porque hay una obligación del Estado mexicano con este organismo”.
GIEI detecta inconsistencias en investigaciones del caso Ayotzinapa
Después de ocho años de investigaciones, este 25 de julio, el GIEI presentará su último informe sobre el Caso Ayotzinapa. Seis días después, el 31 de julio, terminarán sus actividades y se irá definitivamente del país.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el GIEI trabajó en el caso de marzo de 2015 a abril de 2016. La segunda etapa inició en enero de 2020 con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, las y los expertos volvieron a tener dificultades para acceder a datos relevantes sobre el caso. En octubre de 2022, denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional había hecho caso omiso al mandato del presidente para aportar información sobre la desaparición de los jóvenes, ocurrida en septiembre de 2014.
Para el abogado Vidulfo Rosales, las madres y los padres de los normalistas tienen una sensación de que quedan descobijados en su lucha.
No obstante, indicó que esperan que este último informe contenga un balance completo de toda la investigación que realizaron desde marzo de 2015 hasta la fecha, particularmente, sobre los obstáculos que tuvieron en ambas etapas.
“Y particularmente lo que esperamos nosotros es que pueda haber una mención respecto a los obstáculos que ha puesto el Ejército Mexicano sobre información relevante que ellos poseen y que si esta se pusiera a disposición de las autoridades se podría dar con el paradero de los jóvenes.
Nosotros tenemos la expectativa de que se pueda hacer mención a esos obstáculos y algunas recomendaciones que pueda emitir al gobierno mexicano, algunas directrices para ver cómo se superan esos obstáculos”.
Los obstáculos para acceder a la información
En la presentación del quinto informe, Angela Buitrago y Carlos Martín Beristáin indicaron que desde octubre de 2021 habían obtenido 10 documentos en torno a las interceptaciones telefónicas realizadas por la Sedena.
Pero calcularon que aún les faltaban entre 80 y 90. Sin embargo, acusaron que, con base en diversos testigos, ya sabían que había una decisión interna en la dependencia federal para dar la respuesta de que no hay información sobre este caso.
No obstante, las diferencias con la administración de López Obrador no sólo tuvieron que ver con el Ejército.
Desde agosto del año pasado, el desgaste fue escalando tras la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual no tuvieron acceso previo.
El documento basó su hipótesis en 367 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp intercambiados presuntamente por integrantes del grupo delincuencial Guerrero Unidos.
No obstante, en octubre del año pasado, el GIEI desestimó estas pruebas al señalar que tras un peritaje informático forense no había sido posible saber ni el origen ni la autenticidad de 181 capturas de pantalla.
Además, las y los expertos externaron su preocupación por la interferencia que hizo la Fiscalía General de la República a las investigaciones que encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, la cual era dirigida por Omar Gómez Trejo.
¿Qué seguirá?
Vidulfo Rosales indicó que el GIEI aportó tres aportaciones importantes al caso Ayotzinapa:
- Los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula.
- Una narrativa distinta de cómo ocurrieron los hechos.
- Descubrimientos de nuevas líneas de investigación como el trasiego de droga de Iguala a Chicago, las interceptaciones telefónicas y la participación del Ejército.
Sobre el camino sin el GIEI indicó que este lo harán con base en las eventuales recomendaciones que hagan Buitrago y Beristáin en su último informe.
Además, agregó, que estarán atentos a la medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual implica que el órgano internacional seguirá monitoreando la investigación que se haga sobre el caso y seguirá pidiendo cuentas al Gobierno de México.
“El GIEI nos ha dotado de herramientas, de elementos importantes que nos van a servir para continuar nuestra exigencia.
Y por esta misma razón, esta supervisión de coadyuvancia internacional ha sido de gran valor para las madres y padres porque se ha visto en términos tangibles, cómo ellos han podido entrar al corazón de la investigación”.
Compromiso pendiente
El abogado de los familiares de los 43 normalistas fue enfático al señalar que hasta el día de hoy este es uno de los compromisos que no ha cumplido el presidente López Obrador.
No obstante, confío en que en este año y dos meses que le quedan a la actual administración se le pueda dar celeridad y prioridad a este asunto, independientemente de que el tema electoral es lo que domina la agenda nacional.
“Obviamente hasta donde vamos ahorita, es un compromiso incumplido de este gobierno, y yo creo que en las campañas debieran ser costos para este gobierno su incumplimiento”.
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