El escenario que significaba la cancelación definitiva de los Juegos Olímpicos de Tokio, afectaba el proceso de preparación de 11 mil deportistas convencionales y 4 mil 500 paralímpicos. Sin embargo la repercusión económica sería enorme para el Comité Olímpico Internacional pero sobre todo para Japón, país anfitrión.
Si bien las encuestas entre los japoneses en el inicio del 2021, marcan una abrumadora tendencia a no organizar los juegos, el gran costo de una cancelación será absorbido por el país anfitrión. La factura la pagaría en gran medida el Gobierno japonés, la Prefectura de Tokio y el Comité Organizador de los juegos.
El retraso de los juegos un por un año, del 24 de julio de 2020 al 23 de julio de 2021, ya implicó un sobrecosto de 2 mil 400 millones de dólares. El presupuesto inicial se elevó en $16 mil millones de dólares, es decir la cancelación implicaría una pérdida con afectación por un total cercano a los 24 mil millones de dólares. Incluye la construcción de inmuebles deportivos, los contratos en el mantenimiento de la infraestructura de las sedes deportivas, la Villa Olímpica, los derechos de televisión, el Centro Internacional de Prensa, las comunicaciones y los transportes, además de sueldos del personal del comité organizador, entre otros.
La negativa a organizar se calcula tendría un impacto cercano a los 900 millones de dólares en acuerdos comerciales y de difusión de publicidad, firmados con más de 70 patrocinadores sólo en el país nipón. Una de las ramas más afectadas serán las aseguradoras que pagarían 2 billones de dólares. La cancelación de los Juegos implicaría un golpe para la economía local que afectaría el PIB japonés en el 2021
