A dos años de la elección en la que ganó Jaime Bonilla, Baja California se encamina a renovar gobernador nuevamente en un contexto marcado por la violencia y el desafío migratorio.
Escucha la radiografía electoral sobre Baja California.
Montserrat Sánchez
A tan solo dos años del cambio de gobierno, Baja California está en la antesala de un nuevo proceso electoral con tres retos principales: atender la crisis migratoria, combatir al crimen, recuperar su economía y también la confianza ciudadana.
Hace 32 años, el estado se convirtió en el primero en ser gobernado por un partido de oposición. Ernesto Ruffo llegó a la gubernatura abanderado por el PAN que retuvo el poder hasta 2019, cuando Jaime Bonilla ganó la elección abanderado por Morena, en una competencia que se caracterizó por el abstencionismo.
“Una democracia sin votos”, así es como describe un estudio del Colegio de la Frontera Norte la situación electoral del estado que por primera vez renovará de manera simultánea una gubernatura, 25 diputaciones y 5 ayuntamientos, 5 sindicaturas y 8 regidurías.
“Es la primera ocasión en la historia que también tenemos elecciones concurrentes, o sea, aparte de las autoridades locales se eligen a los ocho distritos federales, ocho diputados por mayoría relativa federales y entonces es la primera ocasión en la que tenemos una elección concurrente, vamos a ver si esto estimula la participación, hay que decir que Baja California presenta, desde ya muchos años desde el 98, una caída en los índices de participación ciudadana. En 2019 que elegimos gobernador, tuvimos la votación más baja de la historia con el 29 por ciento”.
Habla Víctor Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef). Para el académico uno de los desafíos que tendrá que afrontar el sucesor de Jaime Bonilla será consolidar un gobierno legítimo que deje atrás todas las decisiones controversiales que tomó el morenista en el corto tiempo de su mandato.
“Ha sido un gobierno atípico de dos años y ha sido un gobierno de controversias. En primer lugar toda una discusión nacional acerca de propuestas de ley que él sometió (Jaime Bonilla) para modificar el periodo e irse al menos a cinco años y esto fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue incluso una controversia nacional que le restó mucha legitimidad a su gobierno porque la única intención era prolongarse cuando la elección cuando se eligió era por dos años”.
La llamada Ley Bonilla fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es una huella que permanece, al igual que otras decisiones polémicas que tomó el mandatario.
La más reciente fue su decreto para expropiar el Club Social y Campestre de Tijuana para la construcción de un complejo interactivo. La medida incluso fue rechazada por la Secretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier.
Los retos no se detienen allí. La cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande de drogas a nivel mundial han hecho de este estado uno de los más violentos del país. Junto con Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Michoacán concentran el 52 por ciento de los homicidios en el país.
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Tijuana, una de sus ciudades más importantes, se ha convertido con los años en una de las más violentas. Junto con otros 14 municipios del país concentra el 27.5 por ciento de los asesinatos cometidos en México. Esto a pesar de que fue la primera en contar con el despliegue de la Guardia Nacional.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que son varios factores los que están asociados a la violencia. Uno de ellos tiene que ver con la falta de un enfoque local en materia de seguridad.
Lamentablemente en esta administración lo que ha sido una constante es precisamente el abandono y desprecio en las autoridades de seguridad y justicia y esto se ha manifestado a través de los bajos recursos presupuestales que la federación está destinando a los estados y municipios a mayor razón cuando por ejemplo en este 2021 por tercer año consecutivo vemos recortes gravísimos en materia de seguridad, de prevención del delito, de policías locales, de construcción de capacidades, etc entonces lo que hoy deberíamos estar haciendo es exactamente lo contrario invertir en lo local, trabajar de conjunto federación con entidades.
¿Quiénes son los candidatos y cómo llegan?
Seis aspirantes están en la competencia por la gubernatura de Baja California, estado que durante 30 años fue considerado como uno de los principales bastiones panistas. A diferencia de hace dos años, hoy el partido albiazul compite de la mano del PRI y el PRD con el propósito de evitar la continuidad de Morena en la entidad.
En la boleta se perfilan tres candidatas y tres candidatos, aunque solamente tres tienen posibilidades, dice Espinoza, basado en las encuestas sobre preferencias electorales.
“Desde luego la alianza encabezada por el gobierno, Morena, PT y Verde Ecologista con la candidatura de Marina del Pilar que según todas las encuestas que se han levantado está punteando y la otra alianza encabezada por una alianza inédita PAN, PRI y PRD que lleva de candidata a la ex Miss Universo Lupita Jones y luego está un tercer partido en discordia que es el partido encuentro solidario el PES que lleva a un personaje muy controvertido en Baja California que es Hank Rhon y que en los últimos días ha crecido mucho su candidatura”.
Marina del Pilar, de la capital al estado
Es la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena. En 2018 llegó a San Lázaro, pero un año después dio el salto para convertirse en alcaldesa de Mexicali, cargo al que solicitó licencia tras ser elegida en las encuestas de Morena para buscar la gubernatura. Su gestión al frente de la capital de Baja California no estuvo exenta de cuestionamientos, principalmente por los recursos destinados a la promoción de su primer informe de gobierno, algo que panistas acusaron como un “derroche”.
Entre sus propuestas para la entidad está lanzar un plan de seguridad basado en cuatro ejes: fortalecer a los policías, proteger a las personas y su patrimonio, atender el delito del narcomenudeo y apoyar a la Guardia Nacional y Sedena.
Lupita Jones, sin experiencia política
Ex Miss Universo y empresaria. Así se describe la candidata de Va por Baja California, quien ha sido criticada por su falta de experiencia en política y en la administración pública. Su trayectoria como organizadora de concursos de belleza también ha enfrentado críticas y señalamientos por presunta “violencia simbólica”. No obstante, ella asegura que logrará obtener la confianza de la ciudadanía en caso de ser electa.
Jorge Hank Rhon, pasado polémico
El dueño de Grupo Caliente y exalcalde de Tijuana es el abanderado del Partido Encuentro Social, ligado a grupos evangelistas. Esta es la segunda ocasión busca la gubernatura. La primera fue con el PRI, en 2007. Tráfico ilegal de animales y denuncias por agresiones a periodistas son parte de su expediente. Su jefe de escoltas, Antonio Vera, fue detenido por ser el autor material del editor del semanario Zeta, Héctor Félix Miranda. En 2011, fue detenido por tener un lote de armas de uso exclusivo del Ejército sin los permisos correspondientes.
Francisco Alcíbiades García, el reemplazo en MC
Es el abanderado de Movimiento Ciudadano. Fue nombrado por el partido después de que Alejandro Mungaray Lagarda dio su respaldo a la candidata morenista. Fue senador por Baja California de 2009 a 2012.
Los otros competidores son Victoria Bentley Duarte, de Redes Sociales Progresistas, y Carlos Atilano Peña, del Partido de Baja California Sur. El empresario inmobiliario Jorge Ojeda declinó su postulación al partido Fuerza por México para sumarse a la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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La paz que no llega para nadie
El ambiente político no es el único que se ha resquebrajado en Baja California. Durante los últimos años, los y las ciudadanas del estado han modificado sus rutinas, algunos procuran no frecuentar bares o las plazas principales por miedo a presenciar una balacera mientras que otros optan por no estar fuera de casa llegada la noche.
Así es la vida de Zaira Lucero Gómez, una joven de Mexicali que ha tenido que adoptar protocolos para mantenerse a salvo de los crímenes que ya son una escena cotidiana en la zona donde vive.
“En la cuadra donde yo vivo viven también mi mamá y mi hermana como a dos casas y ya me cuido también a que hora ya no ir tan tarde a visitarlas ya es algo que tengo que decir máximo a las 10 de la noche voy a aventarme la caminadita de dos terrenos así nada más porque sí se ha visto mucha pues yo digo desde antes del 2020 ya era como aquí en mi colonia lo que pasa es que y en muchas yo creo si hay personas que emprenden, si abren lo que sea, un negocio, cobran plaza aquí, son narcos y ellos ven las personas que están como empezando a hacer dinero van y les piden una cooperación y si no ya me ha tocado ver cerca de mi casa que los matan llegan y matan a las personas del negocio porque dijeron que ellos no, que no les iban a dar nada”.
En medio de la ola de violencia quedan las personas, pero no solo quienes viven en Baja California, también aquellas que están de paso. Tania García, coordinadora de la clínica legal en Espacio Migrante, relata las situaciones que día a día enfrentan quienes salen de sus países en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.
“No es tan seguro tampoco (migrar en Baja California), como todas las ciudades fronterizas sufren de estas actividades del crimen organizado en sus diversas actividades que puede ser trata de personas, tráfico de personas, explotación sexual, explotación sexual infantil, el narcotráfico, etc y también las comunidades migrantes son particularmente vulneradas por estas organizaciones y aunque sí hay una diferencia en la vulnerabildiad y los riesgos que se viven también Tijuana no es un espacio seguro porque aquí también se dan procesos de delincuencia organizada y policía municipal y guardias estatales tienen prácticas de intimidación y extorsión hacia las personas migrantes”.
Las políticas migratorias del presidente Donald Trump que obligaban a las personas de otros países a permanecer en México y el abandono de las autoridades han propiciado una crisis humanitaria en este estado del país. Así lo advierten los expertos.
Para Tania García existe un desinterés de las autoridades por atender a esta población que enfrenta condiciones aún más adversas en medio de la pandemia. Una situación que provocó una caída del 12 por ciento en la economía de la entidad, donde el 2.9 por ciento de las personas está sin empleo.
Es con este escenario que esta entidad fronteriza se encamina hacia una elección, en la que el reto principal es que no se repita un escenario como el de 2019, donde apenas salieron a votar 3 de cada 10 personas de las más de 2 millones registradas en la lista nominal.
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