El presidente, Andrés Manuel López Obrador envío a diputados con carácter de preferente, una iniciativa con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica para fortalecer a la CFE. La propuesta destaca que se busca garantizar la confiabilidad del sistema y un sistema tarifario de precios que solo se actualizará en razón de la inflación.
Claudia Téllez
Poner fin a las subastas, dar prioridad a la CFE en el despacho de energía eléctrica y revisar contratos obtenidos mediante “actos de fraude a la ley” son algunos de los cambios que plantea la propuesta para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Esta iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como preferente, por lo que los legisladores tienen 30 días para sacarla adelante.
La propuesta destaca que se busca garantizar la confiabilidad del sistema y un sistema tarifario de precios que solo se actualizará en razón de la inflación.
En la exposición de motivos, precisa que, a raíz de la reforma energética impulsada en la pasada administración, la CFE, quedo fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares.
Destaca que la Red se abastecerá en primer lugar de energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, de la generada en otras plantas de la CFE; en tercero, de la energía eólica o solar de particulares y al final, de la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Indica que con la iniciativa se terminará con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE.
Así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad en los participantes de mercado.
Prevé la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
Indica que establecer que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
Prevé eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos porque impide contar con coberturas de energía y capacidad en grandes volúmenes y suficientes, debido a que la energía que en mayor proporción puede ser contratada es a través de energías intermitentes limpias eólicas y fotovoltaicas.
Resalta que las subastas son una perversa maquinación para garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE.
Propone obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.
Además, destaca la necesidad de revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En un transitorio establece que los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, podrán ser revocados por la CRE mediante el procedimiento administrativo correspondiente establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a la ley.
PAN buscará Parlamento Abierto para analizar la iniciativa
La iniciativa de ley será analizada cuidadosamente pues es posible que vaya en contra de tratados internacionales, dijo en entrevista para la Tercera Emisión de IMER Noticias, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.
«Y tenemos que ver el tema en 360 grados, tanto en la vida nacional como también en las mejores prácticas internacionales, entonces no quisiera prejuzgar. Evidentemente estamos ante una posible improvisación, muy probable sea parte del marco normativo internacional que habrá que ver por que los tratados internacionales jerárquicamente en el orden normativo están por encima de la propia Constitución, los tratados internacionales tienen que respetarse».
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro
El legislador aseguró que, a pesar del poco tiempo que hay para su análisis, buscarán involucrar a representantes del sector y a expertos en su discusión, a través de un parlamento abierto.
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Así funciona el proceso para dictaminar una iniciativa preferente
El artículo 71 de la Constitución establece la facultad del titular del Ejecutivo Federal de presentar hasta dos iniciativas de carácter preferente, el día de la apertura de cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión, para agilizar su aprobación.
Se establece que no podrá tratarse de reformas o adiciones a la Constitución y, en su caso, podrá tratarse de propuestas que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.
En caso contrario, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno.
