El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no permitirá que la empresa siga extrayendo minerales de la mina en Quintana Roo.
Aura García
El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de no llegar a un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, (que extrae piedra caliza en Quintana Roo) para detener sus operaciones, el Gobierno de México llevará a tribunales, nacionales o extranjeros, la evidencia de la destrucción del medio ambiente que ha generado.
“Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitiremos ya que se extraiga material (…). El único acuerdo al que hemos llegado es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a ningún acuerdo iremos a tribunales”.
Señaló que el Ejecutivo pretende darle un uso eco-turístico al terreno actualmente explotado. También detalló que en una reunión con Ejecutivos se le ofrecieron facilidades a la compañía en el puerto Calica, para organizar cruceros.
Incumplimiento por parte de Vulcan
El Presidente reprochó que Vulcan incumplió un acuerdo en el que habían pactado detener los trabajos de exploración hasta que se definiera este proyecto turístico alternativo. Asimismo, recordó que él mismo comprobó esta violación mediante un sobrevuelo que llevó a cabo hace una semanas.
“Fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya. Me informaron que habían reiniciado el trabajo, o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatarlo, porque no lo creía, pero sobrevolé la zona y en efecto observé que estaban trabajando. Ellos sostienen que hubo una mala interpretación (de la clausura), pero ya no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente. No queremos que se siga utilizando toda esa área como banco de material y que se lleven ese material para construir carreteras Estados Unidos.”
Sin embargo, la empresa, con sede en Birmingham, Alabama, ha asegurado que extrae legalmente este material, en terrenos de su propiedad, desde hace más de 30 años. También dijo que apenas en marzo recibió su permiso aduanero para laborar otros tres.
En contraposición a lo que asegura López Obrador, ha calificado la decisión de clausura de sus operaciones como “irregular” y “arbitraria”, a la par que anunció una batalla legal para continuar con sus operaciones normales.
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