El presidente López Obrador afirmó que la decisión significa “proteger a la delincuencia de cuello blanco” y dar impunidad a quienes defraudan a la hacienda pública.
Adriana Esthela Flores
El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales, al considerar el fallo como “una vergüenza, de pena ajena” y una “caricatura del estado de Derecho”.
Luego de una serie de críticas que ha realizado contra el Poder Judicial, en las que ha insistido sobre la necesidad de una reforma, afirmó que la decisión significa la aplicación de la ley en beneficio de quienes realizan negocios ilícitos y cuentan con suficientes recursos para defenderse.
“Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan…es proteger a delincuentes a los de arriba, los potentados, delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, pero no de justicia.”
López Obrador resaltó la participación de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, quienes votaron en contra de exentar los delitos fiscales de la lista de ilícitos sancionados con prisión preventiva oficiosa. El resto -nueve de los once ministros- votó a favor de no aplicar la medida cautelar, al considerar que la simulación de facturaciones, contrabando y defraudación fiscal no clasifican como delincuencia organizada.
“Son más honradas, de convicciones, definidas. Todos los demás, empleados de machuchones. Lamentable, de pena ajena.”
Por ello, advirtió que ya ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, si detecta un hecho de corrupción vinculado a detenciones del Ministerio Público, envíen escritos ante el juzgado responsable donde le notifiquen que tienen información sobre los hechos “y que se aguanten”.
El presidente dio esta instrucción después de que, el jueves, criticó al Consejo de la Judicatura por no sancionar a jueces que liberan a personas con antecedentes penales, argumentando que no se integró correctamente la averiguación o no se impugnó en el plazo establecido.
El gobierno federal ha denominado a esta práctica como “sabadazos”, pues varias de las liberaciones han sido ordenadas en ese día.
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