Académicos consideran que el presidente apuesta por entregar cuentas rápido aunque signifique mayor nivel de confrontación.
Adriana Esthela Flores
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aplicar acuerdos administrativos y decretos para garantizar áreas estratégicas de su administración. Tales son los megaproyectos, el abasto de agua y la seguridad. Esto sucede al acercarse a los dos últimos años de su gobierno, que finalizará el 30 de septiembre de 2024.
Su reciente anuncio sobre el acuerdo para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional y la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se suma a una serie de acciones similares que comenzó a aplicar desde finales del año pasado.
Especialistas señalaron posibles efectos jurídicos, constitucionales y políticos de este tipo de decisiones. Miguel González Ibarra, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y catedrático de la UAM Iztapalapa, pronosticó que esto llevará a un escenario de mayor confrontación entre poderes.
En tanto, el catedrático en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho en la Universidad LaSalle, José Perdomo Galicia, afirmó que esto es una muestra que López Obrador no respeta la ley, de manera sistemática.
Acuerdos y decretos
22 de noviembre de 2021: El presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras relacionadas con infraestructura hidráulica, de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, medio ambiente, turismo, vías férreas, salud y todos aquellos considerados “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
29 de julio de 2022: Ante la crisis hídrica en Nuevo León, López Obrador emitió un decreto para garantizar el abasto de agua por los próximos ocho a diez años en la entidad. En él se ordena aprovechar temporalmente las concesiones de agua “por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional”.
8 de agosto de 2022: Por acuerdo presidencial y sin esperar la aprobación de una reforma constitucional, la Secretaría de la Defensa asumirá el control de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana será reestructurada para sumarse una función especial, dedicada a la justicia.
Modificaciones al reglamento
El mandatario anunció que la manera de realizar estos cambios será mediante un decreto o modificaciones al reglamento de gobierno. También dijo que se publicará esta misma semana. Su decisión, explicó, se debe a los pocos avances en la liberación de personas que están injustamente en la cárcel.
“Llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. No se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se encargará de las peticiones de indultos y amnistía. Se trata de una tarea que tenía designada al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esta se sumarán a los trabajos ya asumidos por la funcionaria, como seguridad, prevención, reclusorios y los Tianguis de Bienestar. Además, el desfile del 16 de septiembre estará enfocado a la seguridad pública y se dará mayor visibilidad a los elementos de la Guardia Nacional.
No violar la constitución
El presidente negó violar la ley, pues justificó la decisión al afirmar que es independiente a la reforma constitucional y que enfrenta a un Congreso opositor que, por ejemplo, rechazó su iniciativa en materia eléctrica.
“Si no violo la constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema. Pero debo utilizar márgenes legales para avanzar, porque tengo el problema que resolver. Debo entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, legisladores conservadores todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban y todo lo que beneficiara a minorías lo aprobaban. Ahora es lo contrario: todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”.
Además, destacó que la reforma constitucional blindará este tipo de decisiones contra posibles cambios a la legislación.
“No quiero que pase un sexenio y que GN pase a secretaría de seguridad publica y ahí estén políticos, ingenieros, expertos en tecnología que inmediatamente quieren resolver todo. Así va a llegar al C17, es como mi Phone21, pura transa en compra de equipos”.
¿Cuáles son los escenarios?
Para el profesor Perdomo, el mayor riesgo es que tanto ciudadanía como autoridades puedan imitar la decisión presidencial, por lo que insistió en que el gobierno federal debe buscar el diálogo y hacer política para buscar los mejores acuerdos para el país.
“¿Cuál es el mayor riesgo? Que todo el pueblo terminemos actuando de la misma manera: no es lo que dice la ley sino lo que yo considero. Si el Ejecutivo federal juró en el Congreso respetar y hacer respetar las leyes, es el primer personaje. ¿Cuál es el mensaje? Si el presidente no respeta las leyes, yo tampoco”.
Mientras, González Ibarra destacó que la agenda del gobierno está rebasada por situaciones de violencia e incongruencia en políticas públicas. Asimismo, señaló que López Obrador está utilizando los mecanismos con los que cuenta para enfrentar la lentitud burocrática.
“Tiene derecho a enviar una iniciativa pero que emita un decreto donde quiere cambios rápidos y efectivos, me parece también poco prudente cuando hay procesos en curso y tiene que ver con carácter normativo, de procedimientos y de institucionalidad, sobre todo de respetar la institucionalidad democrática”.
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