Con el acuerdo que firmó Alonso Ancira existe un reconocimiento de que hubo un evento delictivo; sin embargo, a través de la reparación del daño se detiene la persecución penal en su contra.
Escucha la conversación con el doctor Javier Cruz Angulo.
Redacción IMER Noticias
El acuerdo firmado con Pemex para reparar el daño por la compraventa de la planta Agro Nitrogenados, que permite al empresario Alonso Ancira obtener su libertad, representa un mensaje «complicado» que nos deja con un sinsabor de boca, declaró el doctor Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En entrevista para IMER Noticias, dijo que con el acuerdo que firmó Alonso Ancira existe un reconocimiento de que hubo un evento delictivo, de los hechos por los cuales lo acusó la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, a través de la reparación del daño, se detiene la persecución penal en su contra y no existe un mensaje de que la justicia mexicana sí está persiguiendo a la corrupción.
«El punto relevante es que en delitos tan delicados como delitos por hechos de corrupción y por utilizar recursos ilícitos en el mercado sea tan sencillo que existan acuerdos reparatorios y el mensaje que se manda es que una persona puede cometer delitos de lavado de dinero y que, en caso de ser sorprendida por la justicia, repare el daño y no existe ninguna otra sanción posterior.»
El doctor Javier Cruz Angulo afirmó que los delitos de corrupción son muy complejos y que involucran a muchas personas y redes delictivas que se tienen que desmantelar; sin embargo, en este caso no habrá un esclarecimiento de los hechos ni sanciones a los demás involucrados.
«Quedamos insatisfechos respecto a qué paso con la red de corrupción y qué pasa después: por qué no sigue la persecución penal. […] Lo que realmente sí nos beneficiaría es que hubiera una persecución, un esclarecimiento de los hechos y que se nos diera una versión más amplia de lo que pasó.»
El especialista comparó este caso con otros delitos patrimoniales, como podría ser el robo, en los que las personas son sancionadas por el sistema de justicia penal y tienen que enfrentar procesos incluso más largos que éste, por cantidades como 15 pesos o robos de comida.
«Son los mensajes complicados y que también hablan de que en nuestro país no tenemos una política pública criminal coordinada que vaya hacia algún punto, sino que caso por caso se va escogiendo. Y en este caso se escogió detener la acción penal por hechos de corrupción con la simple reparación del daño.»
En el acuerdo firmado el lunes ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza se estableció que el monto para reparar el daño se pagará en tres exhibiciones los días 30 de noviembre de 2021, 2022 y 2023, respectivamente, de un promedio de 72 millones 221 mil dólares.
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