Representantes de la CFE, del sector privado y expertos discutieron sobre diferentes temas en el día 2 del Parlamento Abierto para la reforma eléctrica.
Adriana Esthela Flores y Aura García
Mientras que el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, consideró como “innecesaria”, la reforma constitucional en materia eléctrica, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la defendió al señalar que busca impedir la desaparición paulatina del organismo.
Estas posiciones cruzadas marcaron el Foro 2 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, dedicado al tema “Redes eléctricas”.
El presidente de Concamin, que representa a 120 cámaras y asociaciones del sector, consideró que las reformas eléctrica de 1992 y 2013 permitieron ampliar la generación de electricidad de manera eficiente, limpia y a precios bajos.
Explicó que el autoabasto siempre fue legal y que no se han emitido nuevos permisos desde el año 2013. Además, destacó que el 12 por ciento de la generación de electricidad corresponde al autoabasto, con tendencia a la baja.
Por ello, dijo que el gobierno solo debe flexibilizar los requisitos para que las empresas migren al mercado eléctrico mayorista y que las modificaciones se realicen en los contratos y no en l Constitución.
En tanto, el director de la CFE, Manuel Bartlett, explicó que la iniciativa busca revertir los efectos de la reforma energética aprobada en 2013, que buscó la desaparición programada de la empresa del Estado y el beneficio para empresas extranjeras.
De acuerdo con proyecciones de la Comisión, el esquema de operación permitido por la reforma del anterior sexenio fue restando la participación del gobierno en el mercado eléctrico: en 2018, tenía el 52 por ciento y para 2019, bajó a 45 por ciento. Con esta tendencia, la CFE solo generará el 29 por ciento de la electricidad para el año 2024.
El diagnóstico
La operación financiera actual de la CFE enfrenta una fuerte presión que, de continuar, podría ocasionar un colapso con afectaciones en todo el país, advirtió Ricardo Mota Palomino, director del Centro Nacional de Control de Energía.
El funcionario consideró como “un error” el diseño del sector eléctrico, derivado de las anteriores reformas que permitieron nuevos modelos de negocio como los contratos de cobertura eléctrica, los certificados de energía limpia y el mercado mayorista.
Este esquema, explicó, causó que el sector privado alcanzara el 60 por ciento del mercado y aumentó la presión a las finanzas públicas.
Casi al final del evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, reveló que el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones no enviaron representantes a pesar de que se les invitó y hasta se cambió la fecha y hora del foro para que pudieran acudir. Por ello, el vicecoordinador parlamentario, Leonel Godoy, reconoció al presidente de Concamin.
El modelo de despacho de la electricidad
Horas antes, cuatro expertos participaron en el Foro 3 del Parlamento Abierto, en el que discutieron sobre preguntas como: ¿Se puede equiparar la energía eléctrica a un sillón o a los jitomates que venden en el mercado? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál sería el beneficio de hacerlo o, en todo caso, el lado negativo?
Para Paul Sánchez, quien fue redactor de la reforma energética del 2013 y miembro fundador de Energía México, la electricidad debe considerarse un bien de consumo y mostró una postura en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su argumentación, aseguró que los cambios constitucionales frenarán la competencia en el sector y por lo tanto sus beneficios, como el acceso a mejores tarifas.
Tras dialogar sobre el mercado, advirtió que consumir la energía del Estado no hace a nadie más o menos nacionalista y apuntó que el consumidor debería tener la libertad de escoger entre muchos competidores.
“Comprar electricidad no deber ser un acto patriótico. Yo sí creo que la electricidad es un bien de consumo y que se puede en todos lados conseguir electricidad. Yo les hablo a los ciudadanos: no nos hace más patrióticos decir que toda la energía viene del Estado. Lo que queremos como ciudadanos es la energía más barata posible. Siempre buscamos los mejores precios, en todo. No nos debe dar vergüenza que vamos a tres puestos distintos a ver si el limón está más barato. Pero si lo monopolizamos y se vuelve un acto patriótico pagar sin saber qué pagamos, pues estamos perdiendo libertad”.
Gabriela Reyes, quien está a favor de la reforma y actualmente se desempaña como Directora de Aprovechamiento Sustentable de Energía, descartó que la afirmación de “un mercado bondadoso y libre” sea del todo correcta, pues en la práctica no se cumplen los presuntos beneficios que marca la teoría.
Además, remarcó la idea de que no se cierra el mercado a los privados, sino que se secciona de una manera más responsable.
“Sector vital” para el país
A diferencia de Sánchez, la experta consideró que la energía eléctrica no se puede comparar a los limones, o cualquier otro bien, y defendió la premisa del Gobierno federal acerca de que se trata de un sector vital para el buen funcionamiento de un país.
Además, advirtió serios riesgos de no regular el mercado y protegerlo.
“No tratemos de pensar que el mercado abierto, libre y de manera descontrolada es competencia y es menor precio, no necesariamente, no siempre funciona así. La teoría es lo que te lo dice, pero aquí recordemos que el consumo energético es básico y no podemos caer peligrosamente en conglomerados o en poder de mercado privado. Y que lo que se propone en esta iniciativa simple y sencillamente es seccionar el mercado. No se está proponiendo que CFE se encargue de proveer toda la electricidad en su totalidad. Y no es un tema nada más de nacionalismo, también lo vemos en los bienes, también sabemos que allá afuera cuando vamos al súper hay poder de mercado y que si dos o tres empresas se juntan controlan el precio”.
El costo de cancelar los contratos
En otro tema, Fernando Bueno, abogado de arbitrajes internacionales, consultor y ex director de administración de la CFE de 2005 a 2011, expuso la preocupación que existe respecto a la cancelación anticipada de contratos y alertó que podría asustar la inversión.
También, descartó que muchos contratos con los ofertantes sean fraudulentos como lo ha asegurado la Secretaria de Energía Rocío Nahle e incluso dimensionó las pérdidas que tendría el Estado al tomar, lo que calificó de “decisión unilateral”.
“La cancelación de los permisos y de los contratos de compraventa de energía viola los principios constitucionales de retroactividad y múltiples tratados. La cancelación de solicitudes de trámite que hoy están en camino seguramente ahuyentará inversiones ya comprometidas. Y finalmente, la violación a los tratados internacionales de protección de inversión, a los contratos internacionales, a los propios contratos y a los permisos vigentes se traducirán en litigios e indemnizaciones en favor de particulares y que han sido valorados en 44 mil millones de pesos; que equivalen a 11 aeropuertos Felipe Ángeles o equivalen a 10 veces la población de México por 2 vacunas de Pfizer”.
Finalmente, Paul Sánchez cuestionó que en la iniciativa se intenté reacomodar el despacho de la energía iniciando por las hidroelétrcias pues dijo son variables y dependen de la temporada de lluvias, lo que significaría incertidumbre. Pidió diseñar un modelo sostenible para este tipo de generación.
Para Fabián Vazquez, jefe de departamento de Mercado de Día en Adelanto de la CFE, acusó que la energía fotovoltaica y eólica fueron posicionadas en el despacho de 2013 como primordiales, cuando tienen limitaciones y a la hora que se mete el sol cae su producción de manera mecánica y muy lenta.
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