Su condición es vulnerable porque se alojan en campamentos o albergues a la espera de que se reanuden las audiencias para obtener un asilo en Estados Unidos, explicó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC.
En la frontera con Estados Unidos, actualmente hay 20 mil personas que están en espera de resolución de una solicitud de asilo. Su condición es vulnerable no sólo porque se alojan en campamentos o albergues y el 60 por ciento son mujeres y menores, de acuerdo con información del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI).
El pasado 17 de junio los solicitantes de asilo en Estados Unidos que se encuentran en México bajo el protocolo “Quédate en México” solicitaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que el gobierno mexicano garantice su integridad y salud durante la pandemia por la COVID-19, así como su libre tránsito por el país para llegar en tiempo a sus audiencias y para quienes fueron detenidos o deportados les facilite la reunificación familiar
Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, dijo en entrevista con la Segunda Emisión de IMER Noticias que en un plazo de dos semanas esperan tener noticias de las medidas cautelares.
El caso ha tomado relevancia porque también la Suprema Corte de Justicia atrajo un amparo de los solicitantes de asilo en contra de la participación del país en el programa “Quédate en México”, sin dejar de brindar atención a las personas que ya están en este programa.
Cuando México aceptó el programa en diciembre de 2018, se comprometió a proporcionar acceso a la salud, estancia migratoria con autorización para trabajar, CURP. Sin embargo, de acuerdo con Kuhner, actualmente muchas personas llevan un año o más esperando por estos beneficios.
La situación se complica más porque la pandemia también dejó varadas a los solicitantes, debido a que las audiencias se pospusieron hasta nuevo aviso.
Desde el punto de vista de la directora del IMUMI, el programa viola el principio de no devolución que aplica en los países integrantes de sistemas de protección bajo el cual se garantiza que las personas solicitantes de asilo no son sean devueltos a sus países persecutores.
