Morena, PRI y Movimiento Ciudadano son los partidos que reportaron el mayor número de agresiones entre enero y mayo.
Conoce el recuento de IMER Noticias sobre agresiones contra candidatas y candidatos.
Por Nayeli Valencia
Milton Martínez salía de su casa, cuando sujetos armados lo obligaron a subirse a una camioneta en Bahía de Banderas, Nayarit. El partido Movimiento Ciudadano de inmediato solicitó dar con su paradero al tratarse de uno de los coordinadores de campaña del candidato a la gubernatura, Ignacio Flores.
Apenas habían pasado cinco días del asesinato de Abel Murrieta, exprocurador y candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora. También era abanderado de Movimiento Ciudadano. Milton Martínez tuvo suerte. Fue localizado con vida. El comando lo liberó horas después, pero fue torturado, de acuerdo con representantes del partido.
El siguiente ataque contra personas candidatas de Movimiento Ciudadano ocurrió en Guanajuato. La víctima fue Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón. Fue asesinada durante un acto de campaña. El ataque era el cuarto de al menos siete cometidos en mayo en contra de aspirantes de ese partido.
Entre enero y mayo, las agresiones contra candidatos a cargos de elección popular han dejado al menos 14 aspirantes asesinados de todos los partidos, de acuerdo con un recuento realizado por IMER Noticias. También se documentaron más de 50 agresiones durante ese mismo periodo.
Los altos índices de impunidad a nivel nacional, por encima del 95 por ciento, así como el poco costo que tiene para los posibles responsables cometer estos actos de violencia exacerban las agresiones que incluyen amenazas, secuestros y asesinatos.
«La violencia política pasa y ocurre por los altos niveles de impunidad. Desafortunadamente matar en México es muy poco costoso, porque no tenemos un sistema judicial, no tenemos instituciones judiciales lo suficientemente fuertes para que puedan procesar y para que puedan investigar. Un porcentaje muy pequeño de estos casos en realidad llega a tener una investigación adecuada».
Amalia Pulido, doctora e investigadora de la división de estudios políticos del CIDE.
Morena lidera la lista de agresiones con 18 casos reportados en los últimos meses contra candidatos, brigadistas y políticos en funciones, le sigue el PRI, con 14; Movimiento Ciudadano, con 11; Partido Verde Ecologista de México con 7; y con al menos tres agresiones contra Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México, independientes, de acuerdo con la revisión de IMER Noticias.
Una estrategia con fallas en el diagnóstico
La consultora Etellekt reporta que desde el inicio del proceso electoral, en septiembre del año pasado, han sido asesinados al menos 88 políticos, entre funcionarios, precandidatos y candidatos. Esta cifra es 29.5 por ciento mayor a los casos registrados durante la elección intermedia de 2015.
La respuesta del gobierno federal a la violencia político-electoral llegó el 4 de marzo pasado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez anunció la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” que incluía la protección a candidatos amenazados.
A unas horas del anuncio fue asesinado Melquiades Vázquez Lucas, aspirante del PRI a la presidencia municipal de La Perla, en Veracruz. Ese caso y las agresiones que ocurrieron después muestra una falla de diagnóstico en la estrategia federal.
«La principal falla fue no tener un diagnóstico. Me parece que el mal se quiso curar una vez que ya había explotado. El tema de la violencia político electoral sí se pudo haber prevenido. Se pudieron haber hecho ejercicios para identificar a aquellas regiones, aquellos municipios con alto riesgo. La protección llega ya en un momento muy tardío, ya cuando los candidatos la piden en el mejor de los casos».
Amalia Pulido, doctora e investigadora de la división de estudios políticos del CIDE.
La estrategia también falla en el caso de las mujeres, dice Pulido. En lo que va del actual proceso electoral al menos 27 mujeres han sido víctimas de agresiones, según el recuento de IMER Noticias. La consultora Etellekt reporta 12 mujeres asesinadas.
Además del caso de Alma Rosa Barragán, en el actual proceso electoral también fue asesinada Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su hija Carla Enríquez.
Este tipo de hechos impactan en el derecho de las mujeres a ejercer el voto, a ser electas en procesos electorales y a su desarrollo en política, incluso al interior de sus partidos, señala el INE.
Para Pulido este es un pendiente que debe atenderse también desde el interior de los partidos.
«Seguimos viendo un buen número de casos en donde son los mismos compañeros partidistas quienes violentan a las mujeres, quienes las amenazan, sobre todo que las menosprecian y tratan de boicotear sus campañas electorales», dice Pulido.
Candidatos locales, los más vulnerables
Las y los aspirantes a un cargo de elección a nivel municipal son los que están en mayor riesgo de ser asesinados en el país. La consultora Etellekt documentó que 29 de los 34 aspirantes y candidatos asesinados en el actual proceso electoral buscaban un cargo en el ámbito local. Los hechos de violencia también han alcanzado a sus familiares, a brigadistas y colaboradores.
También influye la afiliación partidista. El 75 por ciento de 79 políticos que murieron en atentados eran de partidos opositores a los gobernadores de los estados. Una cifra similar muestra el conteo realizado por Lantia Intelligence. Para la doctora Amalia Pulido en algunos de esos casos también está la mano de organizaciones criminales.
«Hay como dos tipos de explicaciones, que las organizaciones criminales busquen mantener los equilibrios políticos existentes, es decir, apoyar al partido en el gobierno y entonces veríamos una oleada de violencia en contra de la oposición, que es lo que en esta elección estamos observando. Por otra parte puede ser que, en algunas regiones, en algunos municipios, están buscando romper o más bien hubo acuerdos previos y entonces están buscando alianzas con nuevas nuevas opciones políticas».
Amalia Pulido, doctora e investigadora de la división de estudios políticos del CIDE.
Cacicazgos, otro patrón de la violencia
Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas y Guerrero concentran más de la mitad de los casos de violencia político-electoral, señala el gobierno federal.
Pero no en todos los casos se trata de violencia criminal. Mientras que en Veracruz sí hay una clara definición de que los ataques provienen de organizaciones criminales, hay casos como Oaxaca, donde las disputas políticas o de grupos caciquiles son el origen de las agresiones.
«Oaxaca ha tenido una oleada importante de violencia, pero ahí se identifica o se sugiere que la violencia es más de corte político, es decir, hay distintas disputas entre cacicazgos o entre diferentes grupos de poder muy locales, que son las que realmente están respondiendo a la oleada de violencia que estamos viviendo».
Amalia Pulido, doctora e investigadora de la división de estudios políticos del CIDE.
Así ocurrió en Oaxaca, donde se han registrado al menos 11 agresiones. La alcaldesa de Morena en Tehuantepec, quien busca la reelección, fue retenida por pobladores, junto con 28 integrantes de su equipo; el motivo: la exigencia de un pago mensual para la gestión de servicios en las comunidades de Santa María Coatlán, San José El Paraíso y Santa Isabel.
Los pobladores acusaron a la edilesa de incumplir con el pago de al menos 50 mil pesos mensuales, los cuales provienen del Ramo 28 del presupuesto federal, de acuerdo con información de El Universal.
Fomentar la participación, el reto por delante
La violencia previa a la jornada electoral no solo impactan a los partidos, también dejan huella en la sociedad y tiene consecuencias en temas de gobernabilidad, sobre todo en aquellas zonas donde ya existen conflictos sociales.
«Sin duda alguna ensucia el proceso y pueden restarle legitimidad a la jornada electoral y sobre todo podrían provocar un conflicto postelectoral. Creo que ese es uno de los efectos más graves que pudieran tener (la violencia). Que los actores que no obtengan el triunfo no reconozcan los resultados electorales. Creo que ese es uno de los principales riesgos que podrían provocar, digamos eventos de conflictividad social y violencia postelectoral».
Amalia Pulido, doctora e investigadora de la división de estudios políticos del CIDE.
Aunque Pulido prevé que habrá regiones en las que la participación ciudadana será baja por los hechos de violencia de los últimos meses, coincide con el llamado de las autoridades para que este 6 de junio las más de 93 millones de personas llamadas a las urnas, salgan a votar.
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