Organizaciones ciudadanas propusieron ayer martes que la iniciativa “3de3” se convierta en ley en todo el país y ya no sea solo un acto de buena voluntad.
De esta forma sería ya una obligación de los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Entre sus puntos clave establece que se dé seguimiento con auditorías a la información que proporcionen los funcionarios públicos, y “llevar un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados”.
En caso de que se detecten irregularidades, como un incremento injustificado en el patrimonio, las autoridades competentes darían aviso al Ministerio Público, para que avance una investigación. Además se crearía el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS).
En otro de los apartados de la propuesta, se definen 10 conductas que serían consideradas como actos de corrupción:
1.- El soborno; 2.- El peculado o desvío de fondos públicos; 3.- El tráfico de influencias; 4.- El abuso de funciones; 5.- El enriquecimiento oculto; 6.- La obstrucción de la justicia; 7.- La colusión; 8.- La utilización ilegal de información falsa o confidencial; 9.- El nepotismo y 10.- la conspiración para cometer actos de corrupción.
