Por primera vez, familiares y víctimas del periodo conocido como la Guerra Sucia ingresaron al Campo Militar 1, lugar donde el ejército encarceló a decenas de jóvenes en los años 70.
Adriana Esthela Flores
La historiadora Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, nunca había estado en el Campo Militar número 1, en Naucalpan, Estado de México.
En este lugar, su madre fue vista por tres de sus compañeros -Cirilo, Manuel y Ramón- en febrero de 1977.
Su camarada de militancia, Mario Álvaro Cartagena “El Guaymas”, la vio en abril de 1978.
Un mes después, la trasladaron con Alfredo Medina e Ignacio Herrera, a la Base Áerea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero. Esa fue la última vez la vieron, hace 44 años.
Este miércoles, Alicia hija acudió a la instalación militar, la cual, considera como la principal cárcel clandestina del país.
“Sabemos que vamos al lugar donde nuestras madres desaparecieron. Pasaron meses, días detenidos de manera ilegal, torturados, mutilados algunos de ellos. Evidentemente es impactante, pero también me siento serena porque sabemos que son frutos de insistir, de ser necias. De no desistir en la denuncia porque queremos verdad y justicia”.
En este campo militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de actividades de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
Es el segundo paso en este esfuerzo de búsqueda de la verdad de lo ocurrido durante el periodo de contrainsurgencia conocido como “Guerra Sucia”: el acceso a los archivos e instalaciones militares.
Para el representante del comité de expertos, Abel Barrera, es como atravesar un muro.
“Es el muro de la represión, del silencio, la muerte que para muchas familias, ahora es como resquebrajar esta muralla”.
No existe un registro exacto de los nombres de jóvenes que militares llevaron a esa instalación durante las operaciones de contrainsurgencia. Sin embargo, las víctimas calculan alrededor de mil 500 personas.
Familiares de los detenidos-desaparecidos acudieron al acto frente al presidente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y mandos militares.
“Es un evento que debe cimbrar al país, lo que dieron las personas sobrevivientes. Las prisiones clandestinas en instalaciones militares se va a descubrir como cierta, hechos que no pueden volver a ocurrir”.
Sedena permitirá el acceso a archivos, documentos e instalaciones militares
A partir del acto protocolario, se formaliza el compromiso de la Sedena para establecer el mecanismo de acceso a los archivos y documentos y a las instalaciones militares.
El procedimiento incluye: realizar acciones de reconocimiento, búsqueda en lugares e instalaciones militares donde se presume que se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos; consultar repositorios, archivos y documentos; consultar información sobre casos individuales así como realizar entrevistas y recopilar testimonios de personas víctimas de violaciones a derechos humanos en estas instalaciones.
🔴#EnVivo
Inicio de actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, con Sedenahttps://t.co/5TOCjmKu4g— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) June 22, 2022
Para Barrera, el reconocimiento de la verdad es clave para esta fase de la búsqueda.
“Necesitamos saber como país ¿qué pasó? ¿Cómo actuaron de manera tan burda y bárbara? Cuando hablamos de lucha social de hombres y mujeres que buscaron transformar el país. Esto le hará bien al país”.
Un paso más para alcanzar Verdad y Justicia
Cuando fue instalada la comisión, el 10 de diciembre de 2021, Barrera advirtió sobre las resistencias dentro del Ejército para permitir el acceso a los archivos. Aún sostiene que existe este desafío, pero insistió en que ya comenzó una etapa nueva en el camino de búsqueda.
“Sabemos que hay resistencia al interior de los mismos de élites militares. No hay una sola postura para poder dar este paso, pero lo mas importante es la voluntad del presidente en el sentido de atender el reclamo de la sociedad para que se abran estos archivos. Como jefe supremo está cumpliendo con este compromiso y mandato”.
Alicia señaló que el acto es emblemático para organizaciones de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos y toda la sociedad mexicana.
Una sociedad que ha crecido con la idea de que en México impera la impunidad y los pactos de silencio.
“Se va a manifestar, aceptar que hubo una participación ilegal e ilegítima de un grupo de militares contra miles de mexicanas y mexicanos y esto no puede volver a ocurrir, se debe tomar en cuenta para futuras generaciones”.
La comisión cuenta con cinco instrumentos que deberán presentar resultados el 30 de septiembre de 2024:
- Un comité de personas expertas para el esclarecimiento histórico.
- Otro comité de impulso a la justicia.
- Un programa especial de búsqueda de personas y reparación del daño y compensación
- La construcción del Centro Nacional de Memoria.
El gobierno federal prometió acceso a los archivos de la Secretaría de Gobernación, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y de las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad Pública así como a los lugares civiles y militares donde se cometieron los abusos del Estado.
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