En un comunicado, la CNDH pidió a las mujeres que mantienen tomadas sus instalaciones que entablen una mesa de diálogo. En respuesta, las colectivas salieron a exigir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo.
Noticias IMER
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado para entablar un diálogo con los colectivas de mujeres que tienen tomadas sus instalaciones desde el jueves pasado en demanda de acciones que resuelvan por completo las demandas de familiares de víctimas diferentes violaciones a derechos humanos. Por su parte, las inconformes pidieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo.
Piedra Ibarra se reunió el miércoles 2 de septiembre con madres de víctimas, donde llegaron a un acuerdo y desalojaron las instalaciones del centro. Dos mujeres se quedaron en protesta e incluso una se amarró a su silla. El jueves, después del mediodía, se les unieron integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos, Aequus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y familiares de víctimas.
Las dos primeras mujeres ya se retiraron de las instalaciones. Entre las exigencias de las colectivas que aún permanecen está que el organismo emita una Recomendación General al gobierno federal, estatal y fiscalías, donde reconozca públicamente la gravedad de la violencia de género y feminicida en el país.
Cuatro días después de la ocupación de la CNDH, el organismo emitió un comunicado donde instaba a las colectivas a entablar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, ya que la toma de sus instalaciones les ha impedido “la falta de seguimiento a la atención de casos”.
En un comunicado previo emitido este mismo lunes, pero por la mañana, el organismo dijo que no dejarán de cumplir con el acuerdo al que se llegó el 2 de septiembre con familiares de víctimas, para ello ya trabajan con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El organismo también dio su versión de cómo ocurrió la ocupación de sus instalaciones. Según el comunicado, los colectivos “abrieron por la fuerza” las puertas de la sede; no se utilizó la fuerza pública para “no violentar los derechos humanos de nadie”. A partir de ese momento no se dejó entrar a ningún empleado y a los que se encontraban en las oficinas, “los sacaron con amenazas”.
También informó que un grupo de abogadas han estado fuera de las instalaciones ubicadas en República de Cuba 60, en estos días, para entablar un diálogo con las ocupantes.
La postura del organismo se dio a conocer luego de que los colectivos advirtieron que no entregarán las instalaciones, sino que las convertirán en refugio de víctimas sin hogar porque ya no están dispuestas a dialogar.